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Detienen de nuevo al expresidente surcoreano Yoon en relación a su fallida ley marcial – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Detienen de nuevo al expresidente surcoreano Yoon. Foto: Historiente @historiente
EL NUEVO DIARIO, SEÚL.- El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue puesto bajo custodia policial este jueves por segunda vez por varios cargos relacionados con el antes y el después de su fallido intento de imponer la ley marcial en el país el pasado mes de diciembre.
El juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitió de madrugada una orden de arresto contra el exmandatario, solicitada por el fiscal especial Cho Eun-suk, alegando preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su procesamiento penal.
El equipo de la fiscalía liderado por Cho solicitó la orden de detención por cinco cargos: obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad para obstruir derechos, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos.
Yoon y sus abogados asistieron en la víspera a la audiencia por la petición y rechazaron todas las acusaciones, antes de que el expresidente fuera trasladado al Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, al sur de la capital, donde estuvo esperando al fallo y sería posteriormente puesto bajo custodia de las autoridades.
Es la segunda vez que Yoon es detenido. Su primer encarcelamiento se produjo el pasado enero, cuando ya estaba suspendido de sus funciones como presidente tras su ‘impeachment’ por parte del Parlamento, pero antes de ser destituido oficialmente.
Yoon fue destituido en abril al declararse inconsitucional su decreto de estado de excepción. Según la investigación dirigida por Cho, Yoon trató de legitimar esa acción mediante una serie de decisiones y maniobras que sustentan el arresto.
Entre las acusaciones más relevantes figura la manera en que Yoon convocó y condujo la reunión de Gabinete previa a la declaración de la ley marcial. Según los fiscales, el 3 de diciembre de 2024 citó únicamente a 10 de los 19 ministros del Gabinete, todos considerados leales a su causa, excluyendo deliberadamente a los restantes para impedir que pudieran oponerse o cuestionar su decisión.
La reunión duró menos de cinco minutos y fue presentada como un trámite formal para legitimar su proclamación del estado de excepción, pese a que la Constitución exige deliberación plena del Gabinete.
Posteriormente, un funcionario presidencial, también imputado en la investigación, habría falsificado las actas para aparentar que la reunión duró 40 minutos y se realizó con mayor participación y debate del que realmente hubo.
Asimismo, Yoon habría instruido a su portavoz para medios extranjeros difundir declaraciones falsas de que el decreto de ley marcial no violaba el orden constitucional y que los legisladores no habían sido restringidos para entrar a la Asamblea Nacional y votar por la suspensión del estado de emergencia.
Otras acusaciones detallan que Yoon dijo en enero a su personal de seguridad que desenfundaran sus armas en caso de un intento de detención en su contra para intimidar a los agentes.
También se le imputa haber ordenado al entonces subjefe del SSP la eliminación de los registros de canales cifrados usados por militares implicados y, adicionalmente, se señala que se redactaron documentos antedatados para dar apariencia de legalidad a la ley marcial, los cuales luego fueron destruidos.
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Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación han abandonado Nicaragua desde 2018 – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El informe, titulado “Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados”. Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ. – Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este jueves por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.
El informe, titulado ‘Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados’, indica que al menos cuatro comunicadores se vieron obligados a exiliarse entre abril y junio pasado.
«Entre abril y junio de 2025, FLED documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua desde 2018», puntualizó ese organismo, con sede en Costa Rica.
«Este dato confirma la persistente persecución contra la prensa crítica» nicaragüense de parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, añadió.
Asimismo, la FLED indicó que en el segundo informe trimestral 2025 documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.
«El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital refleja una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada», valoró en el estudio.
«A medida que el exilio y el silencio forzado reducen la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladan con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensifican», alertó esa ONG.
Se incrementa negativa para ingresar a Nicaragua
Ese organismo aclaró que el número de casos documentados no abarca la totalidad de las agresiones que suceden en el país, debido a que «el miedo persiste como una barrera que impide a muchos periodistas denunciar lo que viven».
Durante el segundo trimestre de 2025 también se observó «un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido», de acuerdo con el informe.
La FLED observó que «estas restricciones han alcanzado incluso a profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico».
«A diferencia de episodios anteriores, cuando las acciones represivas se centraban en figuras de alto perfil o voces abiertamente críticas, las recientes negativas de ingreso han afectado a comunicadores que no necesariamente son reconocidos y que intentaban regresar al país por razones personales o familiares», anotó ese organismo.
Entre 2018 y 2023 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según esa ONG.
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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Casi mil personas están en refugios tras fuertes lluvias en Amazonas – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Foto de archivo: EFE/Eduardo Galindo.
EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- Casi mil personas están en refugios temporales en el estado venezolano Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) tras resultar afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días, informó este jueves el gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que hay tres municipios afectados en Amazonas, donde, aseguró, se está brindado asistencia médica y suministro de alimentos a todos.
Las autoridades de Amazonas trasladaron a varias familias a refugios ante el riesgo «inminente» por la crecida del río Orinoco, el principal del país, a raíz de las lluvias caídas en los últimos días en esa región, informó el miércoles Protección Civil.
La institución indicó que las personas reubicadas se mantendrán en los albergues «mientras se realizan labores de asistencia y monitoreo en las zonas vulnerables».
Protección Civil advirtió que el Orinoco aumentó su nivel hasta los 98 centímetros «por encima del parámetro de desborde».
Entretanto, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, informó este jueves que hay 11 municipios además de más 3,800 viviendas y 34 puentes afectados debido a las lluvias, que también ocasionaron la muerte de una persona en este estado, según dijo recientemente el presidente Nicolás Maduro.
Durante las últimas semanas, las precipitaciones también han causado emergencias en varios estados en el oeste de Venezuela, entre ellos Mérida, Táchira, Barinas, Trujillo y Zulia.
El miércoles, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, informó a VTV sobre más de 322 afectados por las intensas lluvias en ese territorio.
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Acusan 53 miembros de un poderoso grupo criminal en Puerto Rico de narcotráfico y armas – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Policías de Puerto Rico. EFE.
EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Un total de 53 miembros de la organización criminal Las Fuerzas Revolucionarias de Cantera (Las FARC), que opera en dicho sector sanjuanero, fueron acusados por vínculos con el narcotráfico y armas de fuego en la capital puertorriqueña.
Así lo informaron este jueves en un comunicado de prensa las autoridades federales en Puerto Rico, incluyendo al jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow, junto a otros directivos de agencias estadounidenses que operan en el territorio caribeño.
Según explicó Muldrow, el pasado 11 de junio, un gran jurado federal en Puerto Rico entregó un pliego acusatorio en el que se acusan a 53 integrantes de Las FARC por conspirar para poseer con intención de distribuir, poseer y distribuir sustancias controladas y violar la Ley de Armas en la isla.
Las FARC es una organización dedicada al narcotráfico que opera en el Barrio Obrero, incluyendo, pero no limitado a otros sectores de Santurce como El Guano, sector Playita, Calle William, Calle Once y Cantera desde aproximadamente el año 2006.
El pliego acusatorio alega que desde el año 2019, la banda criminal distribuyó heroína, ‘crack’, cocaína, marihuana, así como medicamentos controlados como fentanilo, Percocet y Xanax en los residenciales públicos Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador y Las Margaritas, entre otras zonas de la capital.
El documento judicial detalla que 41 de los 59 acusados enfrentan al menos un cargo criminal por posesión ilegal de un arma de fuego, con el objetivo de cometer algún crimen relacionado con narcotráfico, mientras que otros 15 imputados encaran un cargo por posesión de un arma automática vinculada con narcotráfico.
El objetivo de la conspiración era distribuir grandes cantidades de drogas y repartirlas en las calles de San Juan, específicamente en la zona de Santurce y áreas aledañas, para obtener beneficios económicos.
El plan de Las FARC era mantener el control de todas las actividades de tráfico de drogas entre sus zonas utilizando la fuerza, amenazas, violencia e intimidación contra cualquier persona o enemigos de otras bandas criminales.
Además, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, cuando algunos integrantes de la banda criminal percibía algún tipo de amenaza de parte de otra organización enemiga, llevaban a cabo actos violentos, incluyendo asesinatos.
De igual manera, varios miembros de Las FARC llegaron a transportar, distribuir y obtener ganancias económicas por ventas de kilos de cocaína en Estados Unidos.
Igualmente, de acuerdo con la investigación de las autoridades, los acusados y co-conspiradores utilizaban barriles de tránsito de plástico para prevenir que las fuerzas de seguridad patrullaran las zonas de control de Las FARC.
Los acusados, de igual manera, ofrecían escoltas armadas a los líderes de la organización o altos miembros del grupo para protegerlos de las autoridades, otras bandas rivales utilizando rifles de alto poder para enfrentar, intimidar o amenazar a policías al momento de patrullar las áreas que operan Las FARC.
Los imputados por los cargos de venta de drogas ilícitas enfrentan una pena mínima de 10 años o hasta cadena perpetua.
Si son encontrados culpables por ambos cargos de venta de drogas y uso ilegal de armas de fuego podrían cumplir una sentencia mínima de 15 años o cadena perpetua.
Mientras, los acusados por posesión de ametralladoras en hechos relacionados con narcotráfico, enfrentan una sentencia mandatoria de 30 años seguidas de alguna otra pena por cargos de narcotráfico.
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