Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Luego que dominicanos residentes en esta ciudad conocieran de la publicación en la prensa nacional de que la reconocida dirigente social-comunitaria en NYC, Dayanara Borbón, denunciara amenazas de muerte en plena audiencia en la RD mientras se conocía el caso de la estafa inmobiliaria de parte del empresario Enmanuel Rivera Ledesma, representantes de diversos sectores en la Gran Manzana tronaron y condenaron la acción.

En documento de prensa profesionales, empresarios, dirigentes políticos, comerciantes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros, coincidieron en manifestar que dichas amenazas contra Borbón, una de las 323 estafada con apartamento por la inmobiliaria, InDisArq, propiedad de Rivera Ledesma, viene a confirmar su participación directa y ahora quiere debilitar el juicio mediante amenazas.

Indican que los 323 estados con 17 millones de dólares, con familiares en dominicana, no se dejaran extorsionar, chantajear ni amenazar por parte de Rivera Ledesma.

Una tensa situación se desató, luego de que Borbón depositara una querella, alegando haber sido objeto de amenazas de muerte por parte del imputado.

Las amenazas se produjeron, según Borbón, en el salón del Cuarto Colegiado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conociendo la audiencia de fondo del caso de la estafa inmobiliaria, teniendo ella que presentar la denuncia formal en la Fiscalía del Distrito Nacional, con el número 11001-2025-004997, ante el «Departamento de Atención».

La denunciante relató que el primer incidente ocurrió el pasado 14 de octubre de 2025, alrededor de las 4:35 de la tarde. En ese momento, observó que Rivera Ledesma presuntamente le estaba tomando fotos o grabándola con un celular de cubierta roja.

Minutos después, el imputado habría realizado «gestos con sus manos pasándose el dedo índice por el cuello en varias ocasiones, gesticulando con su cabeza «arriba y abajo» en forma pausada y amenazante, insinuando que ella vas a morir», indica la querella.

«Temo por mi vida y la de mi familia», declaró la víctima ante la Fiscalía, solicitando la intervención de las autoridades para los fines de ley correspondientes ante lo que califica como un grave acto de intimidación en el seno de la propia administración de justicia.

La Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la doctora Ana Rosario, tiene ahora en sus manos la investigación de esta denuncia por amenazas en un entorno judicial.

Entre los dominicanos en NYC que condenan la acción contra Borbón figuran profesionales, empresarios, militantes políticos, comerciantes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros, citando a Radhames García, Elida Almonte, Mónica Zapata, Evelin Rodríguez, Luis Rodríguez, Zenaida Méndez, Carlos Dipré, Niurka Rivera, Jacqueline Guilamo, Rafael Leonardo Núñez y Geraldo Rosario, entre otros.

Por Jhonny Trinidad.-

NUEVA YORK.- Una dominicana fue asesinada a puñaladas  la madrugada del domingo frente a un bar de El Bronx.

Pamela Almonte Cabrera, de 35 años, fue llevada al BronxCare Health Systems y trasladada luego al Hospital Lincoln, donde expiró a causa de las heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada frente a Mama Dora Bar and Lounge, en East Kingsbridge Road, entre las avenidas Morris y Jerome.

La Policía dijo que la mujer había discutido con otra personas dentro del bar.

Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por el crimen.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.

Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.

El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.

Se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.

El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.

En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Carlos José Peguero Vargas.

Cargos que enfrentan

José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia. Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.

Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.

Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de INPROSOL S.R.L.

Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.

Henry Darío Feliz Casso operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.

Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.

Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.

Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.

Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.

Dichas conductas tipificadas y sancionadas en los artículos 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana (prescripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Además, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8, letra F, y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y que crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.