EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS.- Naciones Unidas reportó un incremento del 24 % de «homicidios intencionados» en Haití, un total de 4.026 en los primeros seis meses del año, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) en su último informe sobre la nación caribeña.

«La Binuh registró 4,026 víctimas de homicidio intencionado, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños. Esto representa un aumento del 24 % en comparación con el mismo período del año anterior», detalló este miércoles el secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, en una sesión periódica que el Consejo de Seguridad dedica al país caribeño.

Además, el número de personas desplazadas internamente por la violencia de las bandas alcanza ya los 1,3 millones. Esta cifra triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.

Jenča, integrante del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de la ONU, aseguró hoy que visitó Haití recientemente y que la capital, Puerto Príncipe, está «a todos los efectos paralizada por las bandas y aislada».

«Sin una mayor acción de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real», añadió.

El Consejo Electoral Provisional de Haití, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, pretende celebrar elecciones en febrero de 2026, pero «existen divergencias claras entre las partes interesadas» que ponen en peligro un proceso inviable «si continúa la violencia», declaró Jenča.

En la sesión de hoy también participó por videoconferencia la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, para presentar sus conclusiones tras un análisis realizado entre marzo y junio.

«Desde nuestro último informe, los grupos delictivos organizados han tomado el control casi total de la capital, con aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe bajo su control», detalló Waly.

La directora general de Unodc dibujó un escenario «de cada vez mayor degeneración» en el que el crimen se está extendiendo por todo el este y el sur del país; incluso se ha clausurado la presa hidroeléctrica que proporciona el 30 % del suministro total; y «se ha observado un rápido crecimiento en el número de grupos de autodefensa parapoliciales».

Paralelamente, denunció que continúa la «repatriación forzosa» de migrantes haitianos desde varios países de la región, a menudo a zonas de grave inseguridad, sin protección ni servicios básicos, lo que agrava la vulnerabilidad de las poblaciones ya en riesgo, expresó Waly.

Ayer un juez federal de Nueva York falló a favor de los haitianos con estatus legal en EE. UU., por lo que tendrían mayor margen para defenderse del intento de la Administración Trump de poner fin a la protección temporal de deportación que, bajo el conocido como TPS, ampara a más de medio millón de personas.